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Rodolfo Acuña, “INMIGRACION: Chinatown en Arizona,” La Opinión, Domingo, 09 de julio de 2000 En el sur de Arizona, rancheros "vigilantes" armados siguen brutalizando a trabajadores migrantes mexicanos. La Patrulla Fronteriza, que ha jurado servir y proteger, colabora con los actos terroristas de los rancheros. La figura central, el ranchero Roger Barnett, se jacta de haber hecho miles de arrestos de migrantes mexicanos en tierras de Arizona, la mayor parte arrendadas a precios de oferta. Recientemente, los rancheros dispararon contra Miguel Palafox, un joven trabajador mexicano. Palafox volvió con dificultad a México para conseguir tratamiento médico, y acusó que vaqueros de Arizona a caballo le habían disparado. La Patrulla Fronteriza y otros niegan esta acusación, culpando a los "bandidos mexicanos". La creciente militarización de la frontera durante los años 80 y 90 empeoró aún más la violencia histórica en el sur de Arizona. Operaciones y barridas exitosas de la Patrulla Fronteriza en El Paso y San Diego han obligado a trabajadores indocumentados a desafiar el peligroso desierto del sur de Arizona. Mientras tanto, políticos, muchos de ellos demócratas, han obligado a la Patrulla Fronteriza a contratar agentes que, a menudo, son racistas y se integran por la emoción de la caza. El precio es que estos políticos miran hacia otro lado cuando los rancheros violan los derechos humanos. Los medios de comunicación, que se supone revisan estos excesos, se han mantenido en silencio. Un periodista de Nueva York le dijo al profesor Guadalupe Castillo, de Pima College: "La frontera es un país del Tercer Mundo y a la gente no le importa un comino". La situación en la frontera se parece mucho a la de la película Chinatown. A nadie le importa lo que sucede en Chinatown. La consecuencia es que la gravedad de las violaciones a los derechos humanos no se filtra desde el sur de Arizona de la misma manera que lo haría un informe sobre las violaciones de los derechos humanos en Los Angeles y San Antonio. Los actos de violencia no sólo ocurren en el sur de Arizona. Son históricos, remontándose a cuando, en 1853, Estados Unidos adquirió el sur de Arizona a punta de pistola. El ministro James Gadsden amenazó a México, diciendo: "Véndannos el sur de Arizona por 10 millones de dólares o se lo quitaremos". Durante el siglo XIX la violencia no se pudo controlar y continuó en el siglo XX. Por ejemplo, en 1917, los dueños de las minas deportaron a los mineros mexicanos de Jerome y Bisbee. Sólo en Bisbee las autoridades locales acorralaron a 1,200 huelguistas, la mayoría mexicanos, los arrojaron en barracas y luego los cargaron en vagones de ferrocarril y los despacharon, botándolos en medio del desierto de Nuevo México durante el calor del verano. Se suponía que la Patrulla Fronteriza, fundada en 1924, iba a prevenir la entrada de personas y materiales no autorizados al territorio de EU. La Guerra Fría hizo variar esta misión para proteger el territorio nacional de las supuestas amenazas extranjeras de terrorismo y drogas. El gobierno de Eisenhower acudió a soluciones militares como una manera de controlar el influjo de personas "peligrosas" a Estados Unidos. Su procurador Herbert Brownell pregonó que la frontera de Estados Unidos con México estaba fuera de control. Personas peligrosas nos estaban ahogando. Supuestamente, Brownell insinuó a los editores de diarios que la mejor manera de sellar la frontera era matando a un par de "espaldas mojadas", supuestamente para ahuyentar a los otros. El general retirado Joseph Swing, antiguo compañero de Eisenhower en West Point, encabezó la Operación Espaldas Mojadas. Desde entonces los comisionados del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) han administrado la Patrulla Fronteriza como un grupo semimilitar. Swing reorganizó la estructura de comando, consiguió nuevo equipo, y los vistió con elegantes uniformes color verde bosque. A fines de los 60 empezó el desarrollo moderno de ese organismo como reacción a la agitación social de la época, recurriendo el país a la retórica del orden público y con chivos expiatorios raciales apenas velados para conseguir votos. El bombo político generó la guerra de drogas. En la década siguiente, Washington destinó muchos millones de dólares para modernizar, profesionalizar y militarizar las agencias de la ley locales. Durante los 70, el INS fabricó estadísticas, usó palabras tales como invasión y substituyó el nombre de espaldas mojadas, un término que se había convertido en políticamente incorrecto pero más importante, racista, por el de "extranjero ilegal" (illegal alien). El nuevo término era aún más insidioso. Los eufemismos "ilegales" realmente significaban criminales; alien significa criatura del espacio, implicando un sentido de infrahumano, o por lo menos "gente peligrosa". En este contexto, en agosto de 1976 ocurrió el caso Hanigan cuando Patrick Hanigan, su hermano, Thomas, y su padre, George, capturaron a Manuel García Loya, Eleazar Ruelas Zavala, y Bernabé Herrera Mata, quienes cruzaron su rancho, cuyo frente daba a la frontera con México, al oeste de Douglas, Arizona. Los torturaron, usando atizadores calientes, cigarrillos, cuchillos y les dispararon un rifle cargado con balines. El suplicio duró varias horas antes que los enviaran desnudos y sangrando al otro lado de la frontera. Hanigan padre murió antes que pudiera comparecer a juicio. En 1977 un jurado compuesto sólo por hombres blancos absolvió a los Hanigan de 14 acusaciones. Según el cónsul mexicano, Raúl Avelyera el veredicto "declaró el inicio de la temporada de caza contra los extranjeros ilegales". No fue sino hasta 1981 cuando un jurado federal encontró culpable a Patrick. Thomas, debido a su corta edad fue absuelto. Durante esta campaña, líderes chicanos enfatizaron que habían habido, por lo menos, 15 muertes y más de 150 incidentes de supuesta brutalidad contra mexicoamericanos en Arizona solamente. Agentes de la Patrulla Fronteriza habían disparado y herido a tres extranjeros indocumentados durante los 18 meses antes de 1977. En 1981, un jurado en el tribunal estatal de Arizona compuesto de hombres blancos encontró a un ex ranchero, W.M. Burris Jr., de 28 años, culpable de aprisionamiento ilegal y asalto en circunstancias agravantes de un trabajador agrícola mexicano. Sospechando que su empleado le robaba, lo encadenó del cuello. No se le encontró culpable de las acusaciones más serias de aprisionamiento ilegal y secuestro. Burris usó un arma mortal y debería haber sido sentenciado a cinco años obligatorios de cárcel. Durante los años 80 pocos se enteraron de estos asuntos fuera del sur de Arizona. El ministro de Asuntos Extranjeros de México reportó 117 casos de abusos de derechos humanos de parte de funcionarios de EU contra migrantes entre 1988 a 1990, incluyendo 14 muertes. Durante los años 80, agentes de la Patrulla Fronteriza dispararon contra docenas de personas, matando a 11 y incapacitando permanentemente a 10. Durante la era de Reagan se crearon las escuadras elite de la Patrulla Fronteriza conocidas como Equipos Tácticos de la Patrulla Fronteriza (BORTACS), quienes comenzaron a recibir un entrenamiento paramilitar especial a mediados de los años 80. En 1989 el Congreso había autorizado cinco mil tropas federales para la frontera. Construyeron verjas y murallas y el presupuesto de la Patrulla Fronteriza creció rápidamente. Se destinaron tropas listas para el combate pero las eliminaron después de la ira pública debido a la muerte de un ciudadano mexicano desarmado. Sin embargo las fuerzas militares continuaron prestando ayuda a las autoridades de inmigración. Unos 600 infantes de marina y tropas del Ejército de EU construyeron y mejoraron los caminos y las plataformas para helicópteros. Desplegaron las estrategias de contrainsurgencia que las fuerzas militares de EU usaron en el sudeste de Asia en los años 60. Su objetivo era establecer y mantener el control social sobre grupos civiles específicos. Significativamente, durante esos años la corrupción y los abusos de la Patrulla Fronteriza se multiplicaron descontroladamente. No es sorprendente entonces que cuando recientemente funcionarios mexicanos protestaron contra las detenciones efectuadas por rancheros, la comisionada del Servicio de Inmigración y Naturalización Doris Meissner apoyó la conducta de los rancheros diciendo que "tienen preocupaciones legítimas de los intrusos en su propiedad". Aunque condenó las acciones, Meissner dijo que no había evidencia para apoyar los informes de los medios de comunicación mexicanos de que, en recientes semanas, los rancheros habían disparado contra migrantes. La secretaria de Estado Madeleine Albright comentó que los rancheros tenían derecho a desalojar a los intrusos de sus tierras. Ambas trataron de enfocar la atención en la "gente peligrosa": los traficantes de drogas y los coyotes. Mientras tanto, en los primeros días de junio, después de caminar tres días en el abrasador desierto con su hija de 18 meses en su cadera, Yolanda González, de 19 años, de la ciudad de Oaxaca, le dio a su bebita lo último que le quedaba de agua y murió. Esa semana perecieron cuatro mexicanos. Los funcionarios de EU desdeñaron esas muertes como "incidentes desafortunados". Veteranos del caso Hanigan como Guadalupe Castillo, Raquel Rubio Goldsmith, y los abogados Jesús Romo e Isabel García, junto con gente común e incluso algunos rancheros, siguen luchando contra la injusticia. No están de acuerdo con Barnett y los de su clase. También están preocupados porque esta vez aquellos en el otro lado hay rostros morenos. El jefe de la Patrulla Fronteriza es un tejano, y el fiscal de EU es un chicano. Igual que con el escándalo de Rampart del Departamento de Policía de Los Angeles, sólo hay aquí un par de policías bribones, un par de manzanas podridas, y el sistema funciona. Sí, pero esto es Chinatown. Rodolfo F. Acuña es profesor de estudios Chicanos en la Universidad del Estado de California en Northridge.